La empresa vinculada a Fernando Cerimedo facturó $25,7 millones a tres candidaturas a la Convención Constitucional. De ese monto, $15,6 millones correspondieron a la campaña de Mariana Aylwin, cuyos gastos fueron declarados y aprobados por el Servel.
Una respuesta del Servicio Electoral (Servel) a un oficio presentado por el diputado Juan Santana (PS) volvió a poner bajo escrutinio el funcionamiento de la propaganda política digital y los mecanismos de fiscalización de los gastos electorales.
Según los antecedentes difundidos por el parlamentario, Numen SpA, empresa vinculada en Chile al consultor argentino Fernando Cerimedo, facturó un total de $25.768.174 a tres candidaturas que participaron en la elección de convencionales constituyentes de 2021.
Entre ellas figura la entonces candidata Mariana Aylwin. De acuerdo con los antecedentes publicados, cuatro facturas emitidas por Numen a su campaña sumaron $15.663.396. Las otras candidaturas que aparecen asociadas a pagos a la empresa son Tomás Recart y María de los Ángeles López Porfiri.
Los pagos fueron declarados ante el Servel
El antecedente central de la respuesta del organismo electoral es que los gastos realizados por las candidaturas fueron declarados dentro de sus respectivas rendiciones y sus cuentas electorales fueron aprobadas.
Las seis facturas asociadas a las tres candidaturas corresponden a servicios descritos como asesorías, publicidad de campaña y servicios de correo electrónico. El Servel, según los antecedentes conocidos, no ha establecido que esos pagos constituyan por sí mismos una infracción electoral.
El punto cuestionado por Santana está relacionado con los límites que tendría actualmente el organismo para fiscalizar determinadas actividades vinculadas con la propaganda digital y servicios contratados fuera de Chile.
Según el parlamentario, el Servel reconoció que no cuenta con atribuciones suficientes para fiscalizar servicios digitales contratados en el extranjero y tampoco puede establecer o descartar la existencia de otras sociedades vinculadas a Numen.
Santana pide conocer qué servicios contrató Aylwin
A partir de estos antecedentes, Santana emplazó públicamente a Mariana Aylwin para que detalle los servicios contratados durante su campaña a la Convención Constitucional.
“Mariana Aylwin debe transparentar qué le contrató a Numen”, sostuvo el diputado, quien también cuestionó que parte de los gastos asociados a la empresa haya sido registrada para efectos de reembolso con recursos públicos.
El parlamentario también puso el foco en la posibilidad de que existan otras contrataciones que no puedan ser identificadas mediante los mecanismos actuales de fiscalización.
“¿Cuántas campañas más?”, planteó Santana, apuntando a lo que considera un vacío en la capacidad del Estado para seguir la trazabilidad de determinados servicios relacionados con propaganda política digital.
El diputado señaló además que desde 2021 el Servel ha recibido 321 denuncias o reclamos relacionados con desinformación, cuentas falsas o manipulación digital. De acuerdo con los antecedentes difundidos, 269 fueron archivadas, mientras que 20 derivaron en procedimientos administrativos sancionatorios.
Aylwin confirma la contratación y explica el servicio
Tras conocerse los antecedentes, Mariana Aylwin confirmó que su campaña efectivamente contrató a Numen y entregó su propia explicación sobre el servicio recibido.
Consultada por The Clinic, la exministra señaló que el equipo de campaña contrató a la empresa para realizar difusión en redes sociales y monitorear el alcance y las respuestas a las actividades y mensajes de la candidatura.
Aylwin agregó que Numen operó para su campaña como una agencia de publicidad y negó haber utilizado esos servicios para realizar campañas de desprestigio contra terceros. “Jamás he hecho una campaña que desprestigie a alguien”, afirmó.
Los antecedentes conocidos hasta ahora muestran, por tanto, dos dimensiones distintas del caso: por una parte, existen pagos efectivamente declarados ante el Servel y aprobados dentro de las rendiciones electorales; por otra, persiste el debate respecto de hasta dónde llega actualmente la capacidad del organismo para fiscalizar servicios digitales y proveedores vinculados a operaciones realizadas fuera de Chile.
El propio Servel habría planteado la necesidad de perfeccionar la legislación para mejorar la trazabilidad de este tipo de contrataciones, mientras Santana busca que el Gobierno respalde una iniciativa destinada a modificar el marco de fiscalización electoral.
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