Los expresidentes coordinaron una declaración conjunta para cuestionar la adhesión de Chile a la iniciativa impulsada por Donald Trump. La aparición de Bachelet ocurre días después de que abandonara su candidatura a la Secretaría General de la ONU.
La declaración conjunta difundida por los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet volvió a instalar a ambos exmandatarios en el debate político nacional, esta vez a raíz de la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de incorporar a Chile al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado y otras amenazas transnacionales.
El documento fue difundido durante la tarde del jueves 24 de septiembre y surgió después de que Kast anunciara durante su viaje a Nueva York la incorporación de Chile a la iniciativa. En el texto, los dos expresidentes manifestaron su preocupación por la decisión y plantearon que la cooperación internacional debe resguardar la autonomía de las decisiones de Chile en materia de política exterior, seguridad y defensa.
El punto central de la declaración estuvo en la soberanía. Boric y Bachelet señalaron que les preocupa que conceptos como “soberanía continental” puedan terminar debilitando el principio de soberanía nacional y llamaron al Gobierno a reconsiderar la permanencia de Chile en la instancia.
Ambos también sostuvieron que Chile no debería verse obligado a escoger un bando en el actual escenario geopolítico y plantearon que el país debe mantener alianzas y relaciones con distintos países y regiones, preservando su autonomía estratégica.
Una coordinación entre dos expresidentes
De acuerdo con antecedentes publicados por La Tercera, Boric y Bachelet mantienen contacto y la elaboración del documento se produjo a partir de conversaciones entre sus respectivos equipos. Según personas de sus entornos citadas por ese medio, ambos consideraron necesario marcar una posición respecto de los alcances que podía tener la adhesión chilena a la iniciativa.
La declaración no habría sido el resultado de un encuentro presencial entre ambos, sino de una coordinación destinada a reunir sus firmas en un documento común. La Tercera también señala que no existe claridad respecto de una eventual participación de terceros en la elaboración del texto.
El documento tuvo además una particularidad política: reunió nuevamente a dos de las principales figuras de la centroizquierda y la izquierda chilena en torno a una posición común frente a una decisión de la actual administración.
La aparición conjunta se produjo, además, en un momento especialmente significativo para Bachelet.
Bachelet vuelve al debate nacional tras dejar la carrera por la ONU
La declaración fue difundida apenas días después de que Michelle Bachelet anunciara su decisión de retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
La expresidenta comunicó su decisión el 20 de septiembre, después de una tercera ronda de consultas informales del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras abandonar la carrera, señaló que continuaría desarrollando su agenda internacional.
Su candidatura había comenzado con el respaldo del Gobierno de Gabriel Boric, pero la administración de José Antonio Kast retiró posteriormente el apoyo oficial de Chile. Bachelet continuó su postulación con respaldo de otros gobiernos de la región antes de finalmente desistir.
El retorno de Bachelet a una discusión política interna, por tanto, ocurre pocos días después del cierre de esa etapa internacional. Sin embargo, según los antecedentes publicados por La Tercera, desde su entorno descartan que su reaparición responda simplemente al término de la candidatura a Naciones Unidas y sostienen que continuará participando en asuntos que forman parte de su agenda internacional.
El punto de conflicto: qué implica el Escudo de las Américas
La controversia se concentra también en los alcances de la iniciativa. El Gobierno chileno ha presentado la participación como un mecanismo de cooperación frente al crimen organizado y otras amenazas transnacionales, mientras que Boric y Bachelet plantearon interrogantes respecto de sus eventuales implicancias para la autonomía de la política exterior y de seguridad chilena.
La declaración de los expresidentes no cuestionó la necesidad de cooperación internacional contra el crimen organizado. Por el contrario, reconoció que esa cooperación es necesaria, pero sostuvo que debe desarrollarse sin subordinar las decisiones de Chile a las prioridades definidas por otra potencia.
Desde el Gobierno, en tanto, se han defendido los alcances de la incorporación. El propio Kast respondió a los cuestionamientos asegurando que Chile no perderá soberanía, mientras que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a abordar el debate con cautela y destacó la cooperación internacional contra el crimen organizado.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, también cuestionó la forma en que los exmandatarios plantearon sus reparos y sostuvo que no correspondía utilizar la política exterior para confrontar al Gobierno.
Una discusión que seguirá en el Congreso
Las dudas sobre la naturaleza y los alcances jurídicos de la participación chilena también han comenzado a trasladarse al debate institucional. El Mostrador informó que el Senado abordará estas materias en una sesión especial programada para el 7 de octubre.
En paralelo, las críticas de exautoridades de Relaciones Exteriores han agregado otro elemento a la discusión. El excanciller Mariano Fernández afirmó que durante una reunión con el actual canciller, Francisco Pérez Mackenna, se habría señalado que existían presiones de Estados Unidos para que Chile adhiriera a la iniciativa. Esa versión corresponde a una declaración de Fernández y no constituye, por sí sola, una confirmación independiente de que haya existido dicha presión.
Así, la declaración conjunta de Boric y Bachelet no solo reabrió una discusión sobre la política exterior del Gobierno de Kast. También volvió a situar a ambos expresidentes en una misma posición frente a un asunto de política internacional y dejó instalada una discusión que ahora deberá continuar en el Congreso y entre las distintas instituciones encargadas de evaluar los alcances de la participación de Chile.
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