El Ministerio Público paraguayo incorporó un nuevo cargo contra el exmandatario y exautoridades del Banco Central, en una investigación que apunta a una presunta estructura destinada a favorecer intereses vinculados a Ueno Bank. La causa también involucra a antiguos directivos del organismo regulador y contempla una expectativa de hasta 15 años de prisión.
La Fiscalía paraguaya amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank. El exmandatario enfrenta ahora un cargo por asociación criminal, que se suma a las imputaciones iniciales por lesión de confianza y administración en provecho propio.
El fiscal Christian Benítez confirmó este viernes la ampliación de los cargos. La investigación también involucra al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, a tres antiguos integrantes del directorio de esa institución y al superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Según el Ministerio Público, los investigados habrían integrado una estructura organizada para favorecer intereses empresariales relacionados con el Grupo Vázquez y Ueno Bank, entidad que recibió importantes recursos provenientes de fondos públicos y cajas jubilatorias.
La Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para continuar las diligencias y mantiene una expectativa de pena de hasta 15 años de prisión para Peña.
Fiscalía apunta a una presunta estructura organizada
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los imputados habrían participado en una organización con distribución de funciones, cuyo propósito habría sido beneficiar al conglomerado empresarial vinculado a Ueno Bank.
Los fiscales atribuyen a Peña, Carvallo y al superintendente Insfrán una presunta participación en las actuaciones y omisiones que actualmente son objeto de investigación.
Respecto de los antiguos integrantes del directorio del Banco Central, la Fiscalía sostiene que habrían conocido informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios relacionados con empresas vinculadas a Ueno Bank, además de otras operaciones financieras observadas.
Sin embargo, según la investigación, los exdirectivos no habrían impulsado las medidas correctivas correspondientes frente a esas advertencias.
Uno de los antiguos miembros del directorio también enfrenta imputaciones por presunta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Exautoridades del Banco Central también fueron detenidas
La investigación derivó en una serie de procedimientos y detenciones. Entre los involucrados figura Holger Insfrán, superintendente de Bancos, quien fue detenido durante un operativo de registro en su domicilio.
También fueron arrestados los exintegrantes del directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. Caballero y Mora fueron detenidos en sus respectivas viviendas, mientras que González, quien anteriormente se desempeñó como procurador general de la República, se presentó en una comisaría de Asunción.
Por su parte, Carlos Carvallo, quien presidió Financiera Ueno antes de asumir en 2023 la titularidad del Banco Central, también enfrenta cargos por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La Fiscalía considera que la asociación criminal y la lesión de confianza constituyen delitos precedentes para la investigación de eventuales operaciones de lavado de activos.
La relación entre Ueno Bank y los fondos públicos
La investigación adquirió relevancia política y financiera por los vínculos entre la entidad bancaria y la administración pública paraguaya.
Durante el mandato de Peña, entre 2023 y 2026, Ueno Bank habría captado importantes recursos públicos, incluidos fondos provenientes de cajas jubilatorias. Estos movimientos forman parte de los antecedentes que analiza el Ministerio Público para determinar si existieron decisiones u omisiones destinadas a favorecer intereses privados.
La causa se encuentra en etapa de investigación preparatoria. Por lo tanto, las imputaciones corresponden a hipótesis del Ministerio Público y no constituyen una declaración de culpabilidad.
La Fiscalía busca ahora profundizar las diligencias para establecer las eventuales responsabilidades penales de los investigados y determinar el alcance de las operaciones financieras cuestionadas.
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