La promesa de expulsar a 330 mil inmigrantes irregulares volvió a tensionar al Gobierno de José Antonio Kast. Mientras el director de Migraciones admitió que “nadie está obligado a cumplir lo imposible”, el subsecretario Máximo Pavez salió a endurecer el discurso y aseguró que el Ejecutivo hará “todo lo que pueda” para concretar la polémica meta. El debate reabre cuestionamientos sobre viabilidad, costos y el verdadero alcance de una de las promesas más emblemáticas —y controvertidas— de campaña del oficialismo.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso de expulsar a 330 mil inmigrantes en situación irregular, pese a las recientes declaraciones del director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien afirmó que “nadie está obligado a cumplir lo imposible”.
La discusión volvió a instalarse en la agenda política luego de que el Presidente José Antonio Kast reconociera anteriormente que dicha promesa de campaña correspondía a una “metáfora”, para luego corregir sus dichos y definirla como una “hipérbole”.
Gobierno insiste en endurecer política migratoria
En medio del debate, Pavez sostuvo que la estrategia migratoria del Ejecutivo no se limita únicamente a las expulsiones, sino también a controles fronterizos, fiscalizaciones y coordinación con la Policía de Investigaciones para reducir el ingreso por pasos no habilitados.
“El proceso de regularización no está en el horizonte del Gobierno aún. La meta del Presidente de la República es expulsar la mayor cantidad de personas posibles y facilitar que las personas puedan salir voluntariamente y volver a entrar”, afirmó la autoridad.
Consultado directamente sobre si el compromiso de expulsar 330 mil inmigrantes seguía vigente, el subsecretario respondió: “Sí, vamos a hacer todo lo que podamos”.
Pavez asegura que expulsarán “muchas más personas”
El subsecretario comparó además las cifras de expulsiones ejecutadas por el gobierno anterior con las registradas durante los primeros meses de la actual administración.
“El gobierno pasado echó más o menos 4.500 personas en cuatro años. Nosotros vamos a echar muchos más”, afirmó.
Según datos entregados recientemente por el Ejecutivo, durante 2026 se han concretado más de 3.200 salidas entre expulsiones administrativas, judiciales y salidas voluntarias.
Pavez también destacó la realización de vuelos especiales de expulsión y aseguró que el Gobierno espera contar con nuevas herramientas legales una vez que avancen proyectos actualmente en discusión en el Congreso.
Críticas por viabilidad de la promesa migratoria
Las declaraciones del subsecretario contrastan con lo señalado previamente por Sauerbaum, quien advirtió que las expulsiones masivas enfrentan límites legales, presupuestarios y diplomáticos.
El director de Migraciones afirmó que actualmente existen miles de órdenes pendientes y que la falta de relaciones consulares con Venezuela dificulta la expulsión de ciudadanos de ese país.
Además, indicó que concretar expulsiones a gran escala requiere mayores recursos y coordinación internacional.
Pese a ello, desde el Gobierno insisten en que reforzarán el control migratorio y buscarán acelerar los procesos de expulsión y salidas voluntarias como parte de su estrategia de seguridad y orden fronterizo.
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