El documento “The Great Transshipment Scam” ubica a Chile en una categoría de “objetivos oportunistas” dentro de una red de más de 40 países que, según el análisis estadounidense, podrían ser utilizados para desviar mercancías y evadir aranceles. El informe no acusa a Chile de realizar operaciones ilegales.
Un informe elaborado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de la Casa Blanca incluyó a Chile entre las jurisdicciones que Estados Unidos considera potencialmente expuestas al fenómeno del transbordo ilegal de mercancías vinculadas a China hacia el mercado estadounidense.
El documento, titulado The Great Transshipment Scam, identifica a más de 40 países que, de acuerdo con su análisis, presentarían distintos niveles de vulnerabilidad frente a mecanismos utilizados para eludir los aranceles estadounidenses mediante el tránsito de productos por terceros países.
Chile aparece dentro del Tier 3, denominado “Small, Opportunistic Chinese Targets”, categoría que agrupa a economías de menor volumen que, según el informe, podrían resultar atractivas para determinadas operaciones debido a sus características logísticas o comerciales.
La clasificación, sin embargo, no significa que Chile sea acusado de participar en operaciones ilegales ni que las mercancías provenientes del país sean consideradas automáticamente producto de transbordo ilícito.
¿Qué es el transbordo ilegal?
El informe describe el transbordo ilegal como una práctica mediante la cual mercancías originarias de un país sujeto a elevados aranceles ingresan a Estados Unidos a través de una tercera jurisdicción, buscando aparentar un origen diferente.
Entre las prácticas mencionadas aparecen el ensamblaje ligero, cambio de etiquetas, reempaque, almacenamiento, modificación de documentación, reexportación y otros procesos que podrían dificultar la determinación del verdadero origen de un producto.
El objetivo sería evitar o reducir el impacto de los aranceles aplicados por Estados Unidos a determinados productos provenientes de China.
El análisis sostiene que este fenómeno adquirió mayor relevancia después de la imposición, desde 2018, de aranceles estadounidenses a productos chinos bajo la Sección 301.
Chile aparece entre los corredores latinoamericanos
El documento también incorpora a Chile dentro de los denominados “Latin American Corridors”, junto con Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Estos países aparecen asociados en el informe a corredores comerciales que podrían utilizarse para operaciones de desvío de mercancías tanto por rutas del Pacífico como del Atlántico, además de actividades de almacenamiento y determinados procesos de ensamblaje regional.
La inclusión dentro de esta red no implica que todo el comercio desarrollado desde estos países sea irregular.
De hecho, el propio documento plantea la necesidad de diferenciar entre los flujos comerciales legítimos y las operaciones que eventualmente podrían corresponder a transbordo ilegal. El aumento de las exportaciones desde un tercer país, por sí solo, tampoco constituye evidencia suficiente para determinar que las mercancías fueron objeto de una operación ilícita.
El caso chileno
En los antecedentes referidos específicamente a Chile, el informe no establece un monto determinado de mercancías que hayan sido objeto de transbordo ilegal a través del país.
Tampoco ubica a Chile entre los principales centros identificados por el Departamento de Comercio estadounidense para este fenómeno, donde aparecen países como México, India y Vietnam.
La relevancia de Chile dentro del análisis estaría asociada principalmente a su posición geográfica y a sus capacidades logísticas y comerciales, factores que, según el documento, podrían convertir a determinadas economías en puntos potencialmente atractivos para operaciones destinadas a modificar o encubrir el origen de mercancías.
Por ello, la clasificación debe entenderse como una evaluación de riesgo o vulnerabilidad, y no como una acusación contra el país.
Estados Unidos estima millonarias pérdidas
El informe estima que el valor anual del eventual transbordo ilegal de mercancías podría situarse entre US$40.000 millones y US$303.000 millones, dependiendo de la metodología utilizada.
El propio documento advierte que estas estimaciones no deben sumarse entre sí, debido a que corresponden a metodologías y definiciones diferentes.
Como escenario central, el informe utiliza una estimación de aproximadamente US$75.000 millones anuales, basada en análisis de la empresa Exiger.
A partir de ese escenario, el documento calcula que el fenómeno podría estar relacionado con unos 450.000 empleos desplazados, además de una reducción anual del Producto Interno Bruto estadounidense estimada entre US$113.000 millones y US$150.000 millones.
Asimismo, plantea un impacto potencial de entre US$19.000 millones y US$26.000 millones en menores ingresos federales.
Las cifras corresponden a estimaciones y modelos utilizados por el informe, y no representan montos de mercancías ilegales detectadas directamente por las autoridades estadounidenses.
La apuesta por inteligencia artificial
Entre las recomendaciones planteadas por el documento se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos de control aduanero mediante herramientas de inteligencia artificial.
La propuesta apunta a utilizar sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de información relacionada con rutas comerciales, capacidades productivas, relaciones entre empresas y patrones considerados anómalos.
El objetivo sería identificar posibles inconsistencias entre el origen declarado de una mercancía, la capacidad productiva de un país exportador y las rutas utilizadas para ingresar posteriormente al mercado estadounidense.
El informe plantea que estas herramientas permitirían mejorar la capacidad de las autoridades para detectar eventuales mecanismos de evasión arancelaria.
Una advertencia para el comercio internacional
La inclusión de Chile en el análisis refleja el creciente interés de Estados Unidos por controlar las rutas mediante las cuales productos fabricados en China podrían llegar a su mercado evitando aranceles.
Sin embargo, la presencia de Chile en la clasificación no constituye una acusación de que el país participe en una red de comercio ilegal.
El propio documento distingue entre comercio legítimo y operaciones de transbordo y advierte que los flujos comerciales entre terceros países y Estados Unidos no permiten, por sí solos, determinar la existencia de una operación ilícita.
La clasificación coloca así a Chile dentro del radar de riesgo estadounidense, en un contexto de creciente fiscalización sobre las cadenas globales de suministro y los mecanismos utilizados para determinar el origen de las mercancías.
Revisa el documento completo aquí:
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