La empresa que obtuvo en 2025 un contrato por seis años para la recolección de residuos dejó de prestar el servicio apenas meses después. El municipio deberá pagar cerca de $300 millones adicionales durante un año para mantener la limpieza de la comuna, mientras concejales cuestionan cómo se tomó la decisión que llevó a Ecoverde a quedarse con el millonario contrato.
La crisis de la recolección de basura en Ñuñoa dejó de ser solamente un problema operativo. Ahora se transformó en una discusión política sobre cómo se toman las decisiones municipales, quién las impulsa y quién termina pagando cuando esas decisiones no funcionan.
Durante la sesión del Concejo Municipal realizada esta semana, los concejales Andrés Argandoña (FA), Guido Benavides (RN) y Carlos Vega cuestionaron distintos aspectos del proceso que terminó con Ecoverde S.A. adjudicándose en 2025 uno de los contratos más relevantes de la Municipalidad de Ñuñoa.
La empresa había obtenido un contrato por 72 meses, equivalente a seis años, para hacerse cargo de la limpieza, recolección, transporte y gestión de residuos de la comuna.
Sin embargo, la relación terminó apenas meses después de comenzar.
El Concejo aprobó por unanimidad poner término anticipado al contrato debido a la situación financiera de Ecoverde y, posteriormente, autorizó por mayoría un trato directo con Dimensión S.A. para mantener el servicio durante un año.
El problema es que la solución de emergencia tendrá un costo mayor para las arcas municipales.
Mientras Ecoverde recibía aproximadamente $430 millones mensuales, el nuevo contrato considera cerca de $454,58 millones al mes.
La diferencia bordea los $24,6 millones mensuales, lo que durante un año representa aproximadamente $295 millones adicionales.
En simple: el fracaso de un contrato que debía durar seis años ahora le costará a Ñuñoa casi $300 millones extra.
Y ahí comienza la discusión política.
Una licitación que ahora todos miran con otros ojos
Según los antecedentes expuestos ante el Concejo, desde el inicio de la prestación Ecoverde acumuló distintos problemas, entre ellos incumplimientos relacionados con los camiones, la experiencia acreditada de supervisores y la falta de una subbase cercana a Ñuñoa.
A ello se sumaron multas, un paro de trabajadores por problemas en el pago de remuneraciones, antecedentes sobre cotizaciones previsionales impagas y notificaciones de embargos asociados a un factoring y a la Tesorería General de la República.
Frente a ese escenario, algunos concejales comenzaron a mirar hacia atrás.
La pregunta ya no es solamente por qué Ecoverde terminó fuera del contrato, sino algo bastante más incómodo:
¿Cómo llegó a obtenerlo en primer lugar?
El concejal Carlos Vega planteó precisamente esa interrogante y cuestionó desde cuándo la administración municipal conocía antecedentes que podían anticipar un eventual incumplimiento.
También criticó que, pese a los problemas conocidos, no se hubiese comenzado antes la preparación de una nueva licitación.
Vega además cuestionó la forma en que los concejales recibieron los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el nuevo trato directo, señalando que documentos solicitados previamente fueron enviados recién durante la mañana del día en que debía realizarse la votación.
“¿Alguien se va a hacer responsable?”
El concejal Andrés Argandoña llevó la discusión hacia un terreno todavía más delicado: las responsabilidades políticas y administrativas.
El edil cuestionó cómo se llegó a escoger a Ecoverde y si funcionarios municipales tuvieron algún grado de responsabilidad en una decisión que finalmente terminó generando una crisis para el municipio.
La pregunta es especialmente relevante porque se trataba de uno de los servicios más sensibles para cualquier administración municipal.
La basura no es un asunto abstracto de oficina.
Cuando falla la recolección, el problema termina literalmente en las calles, frente a las casas, colegios, comercios y espacios públicos.
Y cuando una licitación fracasa, la factura tampoco desaparece.
La paga finalmente el municipio y, por extensión, la comunidad con recursos públicos.
Benavides apunta al origen de la adjudicación
Uno de los cuestionamientos más duros vino del concejal RN Guido Benavides, quien decidió retroceder hasta la discusión de la licitación realizada durante 2025.
Benavides recordó que había advertido sobre la falta de experiencia de Ecoverde y aseguró que incluso envió un correo electrónico el 16 de abril planteando sus reparos.
Pero su cuestionamiento principal apuntó a cómo se habría conducido políticamente la discusión para conseguir la aprobación del contrato.
Según el concejal, durante el proceso existió desde un cargo relevante de la administración municipal una posición destinada a relativizar la importancia de la experiencia de la empresa.
“A mí me gustaría saber, alcalde, si alguien se va a hacer responsable de cómo empujaron a los concejales, a las concejalas, a tomar esta decisión”.
Benavides incluso planteó revisar los registros audiovisuales de las comisiones y sesiones del Concejo para determinar quién tuvo especial interés en que la propuesta fuera aprobada.
“Está claro quién de alguna manera tenía tanto interés en que se aprobara este contrato”.
El concejal no identificó directamente a ese funcionario durante su intervención y, de hecho, excluyó de sus críticas al alcalde Sebastián Sichel y a la actual directora de Medio Ambiente.
Por eso, lo que existe hasta ahora es un cuestionamiento político que apunta a determinar responsabilidades, no una conclusión sobre eventuales irregularidades.
Y esa diferencia importa.
La experiencia que generó dudas
Uno de los puntos que vuelve a aparecer en la discusión es la experiencia de Ecoverde.
Durante el proceso de licitación ya existían cuestionamientos respecto de la trayectoria de la empresa en el rubro.
La controversia se relacionaba, entre otros aspectos, con que la experiencia no habría sido establecida como un requisito determinante en las bases y con la relación de Ecoverde con Solo Verde, empresa que sí contaba con experiencia en el sector.
Argandoña recordó que no respaldó la licitación precisamente por este punto.
“Por más que no sea un requisito, igual es válido evaluar dentro de una licitación por una empresa que en este caso no la mostraba, no la respaldaba y hoy estamos con este desastre”.
La frase resume buena parte de la discusión actual.
Porque una cosa es preguntarse si una empresa cumplía formalmente las bases.
Otra, bastante distinta, es preguntarse si las bases estaban diseñadas de manera adecuada para proteger al municipio frente a un contrato de esta magnitud.
Sichel defiende la licitación
El alcalde Sebastián Sichel defendió el proceso de adjudicación y sostuvo que la administración debía respetar las condiciones establecidas en las bases.
Según explicó, Ecoverde presentó la oferta económica más conveniente y cumplió con los requisitos establecidos.
“La empresa que se adjudicó, si me hubieran preguntado la opinión subjetiva, habría pensado lo mismo que ustedes, pero lamentablemente la licitación está en el portal y ofertó más barato y cumplió los requisitos de base”.
Sichel también descartó que hubiera sido posible preparar una nueva licitación en el corto periodo transcurrido desde que los problemas financieros de Ecoverde comenzaron a hacerse evidentes.
Según explicó, las nuevas bases deben pasar por Contraloría y un proceso de estas características puede tomar varios meses.
La alternativa, planteó, habría significado exponer a Ñuñoa a pasar eventualmente dos o tres meses sin un servicio adecuado de retiro de basura.
Seis años en el papel, meses en la realidad
El contraste resulta difícil de ignorar.
Un contrato diseñado para durar seis años terminó apenas meses después de comenzar.
Ahora el municipio deberá pagar más por el mismo servicio mientras prepara una nueva licitación.
La administración pretende utilizar este periodo para elaborar nuevas bases y corregir los problemas detectados.
Sichel incluso planteó la posibilidad de que el municipio adquiera uno o dos camiones propios para contar con una capacidad de respuesta ante futuras emergencias y reducir su dependencia absoluta de empresas externas.
La idea abre otra discusión: ¿hasta qué punto los municipios deberían depender de contratistas privados para servicios esenciales?
La externalización puede ser eficiente cuando funciona.
Pero cuando una empresa falla, el municipio no puede simplemente dejar de retirar la basura.
La obligación sigue existiendo.
Y el costo también.
El verdadero problema tras la basura
El caso Ecoverde deja así una discusión que supera ampliamente a una empresa y un contrato.
Se trata de saber qué controles existen antes de adjudicar servicios millonarios, cuánto pesan realmente las advertencias técnicas y políticas, qué responsabilidad tienen quienes impulsan una decisión y qué mecanismos existen para corregirla antes de que el costo termine trasladándose a los vecinos.
El Concejo aprobó por unanimidad el término anticipado del contrato con Ecoverde.
Posteriormente, Argandoña y Benavides respaldaron el trato directo con Dimensión, mientras Carlos Vega y Mirella del Río votaron en contra. Alejandra Valle y Verónica Chávez se abstuvieron.
Pero la discusión política recién comienza.
Porque la pregunta que queda sobre la mesa no es únicamente quién recogerá la basura durante los próximos meses.
Es también quién tomó las decisiones que llevaron a Ñuñoa hasta este punto y quién asumirá la responsabilidad política por una licitación de seis años que terminó convertida, en apenas unos meses, en una nueva cuenta para el municipio.
Y en tiempos en que los vecinos exigen cada vez mayor transparencia sobre el uso de los recursos públicos, esa pregunta difícilmente puede quedar bajo la alfombra junto con la basura.
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