La Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de protección y determinó que los particulares que instalaron las estructuras no contaban con autorización para restringir el acceso vehicular a Playa Blanca.
La instalación de tres bloques de hormigón en los accesos vehiculares de Playa Blanca, en Iquique, terminó en tribunales luego de que particulares bloquearan el ingreso al sector costero.
Este jueves 14 de agosto, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de protección presentado por un pescador deportivo y un guía turístico, y ordenó retirar las estructuras que impedían el acceso de vehículos a este espacio de uso público.
El recurso fue presentado por Ismael Domínguez en contra de la empresa Valnico, entidad que reconoció haber instalado los bloques a solicitud de la Junta de Vecinos de Caleta Playa Blanca.
La medida buscaba impedir el acceso vehicular al sector, pero el tribunal determinó que la organización vecinal no contaba con facultades para autorizar por sí misma la instalación de obstáculos que restringieran el acceso a un bien nacional de uso público.
No existía autorización de las autoridades
Durante la tramitación del recurso, Bienes Nacionales, la Municipalidad de Iquique y la Capitanía de Puerto no dieron cuenta de la existencia de una autorización oficial para instalar las estructuras.
Con estos antecedentes, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique concluyó de manera unánime que la instalación de los bloques fue ilegal y arbitraria.
El tribunal estableció que los particulares actuaron sin autorización de la autoridad competente y bloquearon por decisión propia un acceso público hacia la playa.
Corte ordena retirar los tres bloques
La resolución recordó que cualquier eventual restricción al acceso a espacios de uso público debe ser establecida y fiscalizada por las autoridades competentes.
Por lo mismo, dicha decisión no puede ser adoptada unilateralmente por particulares u organizaciones vecinales.
En consecuencia, la Corte ordenó a los recurridos retirar los tres bloques de hormigón dentro de un plazo de tres días, contado desde que la sentencia quede ejecutoriada.
La resolución busca restablecer el acceso vehicular al sector y reafirma que las restricciones sobre bienes nacionales de uso público deben contar con el respaldo de la autoridad competente.
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