El paquete anunciado por el Ejecutivo contempla una movilización de $1,3 billones y busca generar más de 100 mil empleos. La CChC, CPC, SNA y CCS valoraron las medidas, pero plantearon la necesidad de complementarlas con cambios en inversión, capacitación y contratación. La CUT, en tanto, cuestionó la estrategia y apuntó a un eventual recorte de recursos para los gobiernos regionales.
El Gobierno presentó este lunes el Plan Chile Despega, una agenda destinada a impulsar el empleo y acelerar la actividad económica mediante una movilización de $1,3 billones y la generación de más de 100 mil puestos de trabajo.
La iniciativa fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast en medio de un escenario laboral marcado por una tasa de desocupación de 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El organismo informó además que la cifra aumentó 0,8 puntos porcentuales en doce meses y que las personas desocupadas crecieron 10,4% en el mismo periodo.
El plan contempla cuatro líneas principales: acelerar la inversión pública y las obras de rápida ejecución, ampliar los subsidios a la contratación, entregar mayor liquidez a empresas y pymes y reforzar la ejecución territorial. El Ejecutivo sostiene que las medidas permitirán activar proyectos de infraestructura, vivienda, reconstrucción y obras comunales durante el último trimestre de 2026 y durante 2027.
CChC destaca inversión y subsidios al empleo
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) valoraron el anuncio y destacaron especialmente los recursos destinados a inversión y generación de puestos de trabajo.
Su presidente, Raimundo Rencoret, calificó como una señal positiva la movilización de recursos anunciada por el Ejecutivo y destacó el fortalecimiento de los subsidios al empleo, la aceleración de la ejecución presupuestaria de Obras Públicas y Vivienda y la inyección de recursos para proyectos de rápida ejecución en regiones y comunas.
El dirigente también mencionó las medidas destinadas a mejorar la liquidez de las empresas, entre ellas los mecanismos relacionados con el pago a proveedores y el fortalecimiento del FOGAPE.
El Gobierno, por su parte, plantea que la estrategia busca generar una respuesta de corto plazo mientras avanzan medidas destinadas a recuperar la inversión y el crecimiento económico.
CPC, SNA y comercio piden medidas adicionales
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también valoró el anuncio, aunque su presidenta, Susana Jiménez, sostuvo que la meta de generar más de 100 mil empleos debe entenderse dentro de un escenario laboral que mantiene a cerca de un millón de personas buscando trabajo.
En paralelo, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, planteó la necesidad de implementar rápidamente las medidas y avanzar en acuerdos políticos para aquellas iniciativas que requieran tramitación legislativa.
Walker también puso el foco en medidas de carácter estructural, como la aceleración de permisos y proyectos de inversión, mayores certezas para invertir y contratar y condiciones de seguridad para proteger la actividad productiva.
Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), su presidenta, María Teresa Vial, sostuvo que los subsidios a la contratación pueden contribuir a enfrentar la situación laboral, pero planteó que su efecto sería temporal si no se abordan otros factores relacionados con los costos laborales.
La CCS también planteó medidas como un sistema nacional de cuidados, la discusión de la Sala Cuna Universal, una mayor adaptabilidad de las jornadas laborales, modernización de los mecanismos de contratación y capacitación en inteligencia artificial para los trabajadores.
Gremios piden proteger la inversión pública
La presidenta de la CPC también planteó que el Presupuesto 2027 debería mantener un nivel relevante de inversión pública y priorizar proyectos capaces de generar contratación.
A su juicio, las medidas de corto plazo deberían complementarse con iniciativas destinadas a facilitar la incorporación de trabajadores al mercado laboral.
Entre las materias mencionadas aparecen la sala cuna, la adaptabilidad laboral y mecanismos de contratación que permitan responder a las necesidades de empresas y trabajadores.
De esta manera, los gremios empresariales consultados valoraron el paquete anunciado por el Ejecutivo, pero plantearon que la creación de empleos requiere combinar las medidas de emergencia con cambios que permitan sostener la contratación en el tiempo.
CUT cuestiona estrategia del Gobierno
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la evaluación fue distinta. Su presidente, José Manuel Díaz, cuestionó lo que considera una contradicción entre el impulso a la inversión pública anunciado por el Ejecutivo y la discusión presupuestaria que afecta a los gobiernos regionales.
“Hay una confusión que genera estas políticas del Gobierno. Por un lado te da, y por otro, te quita”, sostuvo el dirigente.
Díaz afirmó que los gobiernos regionales cumplen un papel relevante en la ejecución de proyectos, subsidios y coordinación con los municipios y cuestionó que, mientras el Ejecutivo busca activar los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, se planteen reducciones presupuestarias para los gobiernos regionales.
La CUT también planteó que cualquier estrategia de generación de empleo debería considerar condiciones laborales y remuneraciones que permitan mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
El dirigente sindical sostuvo que la situación laboral requiere una respuesta que combine inversión pública y privada con condiciones de empleo que, a su juicio, permitan fortalecer el consumo y la actividad económica.
Un debate centrado en empleo e inversión
El lanzamiento del Plan Chile Despega abrió así un debate entre Gobierno, empresarios y trabajadores respecto de las herramientas necesarias para enfrentar el escenario laboral.
Mientras el Ejecutivo centra su propuesta en acelerar inversión, subsidios, liquidez y ejecución territorial, los gremios empresariales han planteado la necesidad de complementar esas medidas con cambios en contratación, capacitación, permisos e inversión pública.
La CUT, en tanto, ha puesto el foco en el presupuesto regional y en las condiciones laborales asociadas a los nuevos puestos de trabajo.
El punto común entre las distintas posiciones es la preocupación por el nivel de desempleo, que alcanzó 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026. La discusión se concentra ahora en el alcance de las medidas, su implementación y los instrumentos que deberán acompañarlas para generar empleos durante los próximos meses.
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